El proyecto del Tren Maya representa el estandarte del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual supone una importante inversión que se estima traerá consigo un impulso económico y político trascendental para la tan marginada frontera sur del país a través de 1525 km de vías férreas, de los cuales 723 km ya están construidas.
Sin embargo, el proceso ha sido una constante de acciones aventuradas e irresponsables por parte de la Administración Federal y de las casi imperceptibles reacciones de la nueva titular de Semarnat, la Lic. Josefa González Blanco, respecto de las múltiples manifestaciones del medio ecologista.
De esta manera, el pasado 16 de diciembre se colocó la primera piedra del proyecto, el cual se divide en diversos tramos de ejecución. La primera etapa de trabajos consiste en la rehabilitación, compactación y mantenimiento de las vías de tren que ya se encuentran construidas desde Palenque hasta Izamal, obras que conforme al comunicado de Semarnat, si bien pudieran causar un efecto negativo en el ambiente, no son materia de evaluación del impacto ambiental, recalcando que los aproximadamente 802 km de vías restantes si deberán contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente.
El comunicado de la nueva titular de la Semarnat, resulta tan inexacto a la dinámica del desarrollo de los ecosistemas, como irresponsable en su gestión administrativa. Así, los impactos ambientales deben medirse y autorizarse, atendiendo siempre a los principios de prevención y precaución ambiental, a la evolución o decremento de los servicios ambientales que preste la zona, pero también a las nuevas condiciones que se generen a raíz de las conclusiones o descubrimientos de la ciencia, por tanto la valoración y manipulación de un suelo debe siempre constreñirse a las características actuales del lugar.
En este sentido, López Obrador y su equipo han proyectado la ejecución de una obra de la cual ni siquiera han evaluado adecuadamente las repercusiones y detrimentos que puede sufrir la zona, no se han pronunciado en cuanto a las condiciones del subsuelo, las vibraciones, la forma en la que lesionaran un hábitat tan rica en cuanto a flora y fauna y la forma en que mitigarán los daños, incluso sin siquiera haber gestionado formalmente una autorización de impacto ambiental, que pudiera disipar todas las opiniones encontradas y legitimar una decisión tan polémica. Como es de costumbre en todo el país, se mantiene la tradición de proyectar obras públicas con efecto electoral, sin analizar el fondo y las consecuencias.
Así, resulta trascendente gestionar y obtener la autorización de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos, no solo de la infraestructura que está por construirse, sino también de las ya construidas, pues esas vías se desarrollaron desconociéndose muchos elementos que al día de hoy se han descubierto.
Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia, mediante un procedimiento abierto de participación ciudadana, anteponiéndolo a intereses de tipo político, pues no debemos observarlo únicamente desde el aspecto económico, sino como una decisión que definirá las líneas de acción que en materia de sustentabilidad ambiental va a privilegiar el nuevo gobierno.
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