El año que comienza tendrá una gran repercusión en el futuro del urbanismo y la planeación en Querétaro. Es un volado, pues todo puede pasar y dependerá de la forma como se conduzcan los trabajos de estos foros.
Lo que se busca es reformar el Código Urbano de 2012 para “armonizarlo” con la nueva legislación federal de 2016 que contiene muchas nuevas instituciones urbanísticas, como es el caso de la gobernanza metropolitana, las nuevas reglas en materia de inversiones para la movilidad, o la planeación ciudadanizada; sólo por mencionar tres de los más de 15 temas relevantes que deberán abordarse.
El primer foro de participación ciudadana sucedió en diciembre, y la próxima semana comenzará una cadena de eventos similares que deberán concluir hacia el mes de julio con las bases para una iniciativa de ley que se presentaría en conjunto entre los poderes legislativo y ejecutivo locales.
La primera cita tuvo como tema central la planeación desde su visión eminentemente operativa: por un lado, la figura del Dictamen de Congruencia, que en buen español es el medio por el cual el gobierno estatal le pone “palomita” a un municipio cuando este propone una actualización a sus planes de desarrollo; acto sin el cual no pueden publicarse ni registrarse los nuevos instrumentos y por tanto no cobran vigencia.
Por otra parte, se abordó el Dictamen de Impacto Urbano, instrumento que hasta ahora es letra virgen en nuestro Código de 2012, y que sirve para determinar la viabilidad de una obra; si rebasa o no la capacidad de la infraestructura instalada a su alrededor y si existe compatibilidad de usos entre aquello que se pretende y el tejido urbano ya existente. Un súper tema si ponemos en perspectiva que nuestra zona metropolitana necesita regenerarse y densificarse. Ya no debe expandirse más.
La agenda es extensa. Vienen dos temas torales en el foro del 9 de enero: acciones urbanísticas en materia de desarrollos inmobiliarios; fusión, subdivisión, fraccionamiento y condominio. Se analizará el nada conflictivo asunto de la manera como estos deben ser entregados una vez que el desarrollador los ha terminado, ya sea al municipio o a los propios condóminos.
El gran reto de este trabajo legislativo es convencer, que no resulte una iniciativa chafa como ha pasado en varios estados de la República donde para resolver y no meterse en problemas con el sector, los legisladores hicieron solo “copy-paste” acomodando los nuevos textos en sus viejas leyes de desarrollo urbano donde mejor les pareció.
El reto es lograr instrumentar una política urbana nacional siguiendo la Nueva Agenda Urbana firmada por México en Habitat III (Quito, Ecuador) e impedir asimismo que la reforma quede, como se dice, con dedicatoria. Evitar que se aproveche para pasar viejas peticiones de algunos en la industria, como es el caso de permitir la catafixia de suelo de donación por dinero, lo que implicaría a la Zona Metropolitana la perdida de más de 2.200 hectáreas de suelos para equipamiento y áreas verdes hacia el 2030. Esperemos que no pase algo así.
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