Por Manuel Mureddu González (@ManuelMureddu)
El ánimo reformista del nuevo Gobierno Federal, inspirado en las promesas del Presidente entrante, no se ha hecho esperar para cimbrar la calma aparente en el ámbito de la regulación energética en México.
Hace un par de semanas, en un paquete de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se propuso desde la Cámara de Diputados una reforma que resultaría en la sectorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía a la Secretaría de Energía. Es decir, que dichas comisiones que hasta hoy fungen como órganos autónomos, tendrían como superior a la Secretaría de Energía. Esta iniciativa no prosperó, en el Congreso de la Unión se resolvió que tanto la Comisión Reguladora de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos deben permanecer como órganos constitucionalmente autónomos.
Sin embargo, el embate para subordinar a estos órganos ahora pasa por inducir la renuncia de los comisionados que la integran para incluir personajes más afines a las políticas del gobierno entrante. Prueba de ello es la reciente renuncia de Juan Carlos Zepeda, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la presión que se rumora se está ejerciendo sobre los miembros de la Comisión Reguladora de Energía para obtener renuncias similares. El mensaje es fondo es que lo que el gobierno entrante no consiguió democráticamente en el Congreso de la Unión, ahora lo pretende imponer por la fuerza de la presión personal.
A pesar de todo, entre las múltiples controversias que al momento genera este gobierno entrante, la de la intervención sobre los órganos reguladores del sector energético podría pasar inadvertida o quizá resulte irrelevante para una buena parte de la opinión pública, pero sus implicaciones no son menores.
La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercen sus funciones como órganos reguladores de los dos grandes sectores de la industria energética: los hidrocarburos y la electricidad.
Sus roles son particularmente importantes en el contexto del libre mercado que se consolidó con la reforma energética: velan por el correcto funcionamiento del mercado desde una perspectiva técnica e imparcial, participan en la emisión de las reglas que aplican a los participantes de los mercados, y últimamente son los árbitros que supervisan y dirigen el juego de los participantes en los sectores energéticos.
El correcto desarrollo de sus funciones es garantía para un libre mercado, justo e imparcial, elementos necesarios e indispensables para brindar confianza a quienes deciden participar e invertir en estos sectores con alto potencial dentro de la economía nacional, y cuyo desempeño además termina por impactarnos a todos, aún de manera indirecta. En pocas palabras, una Comisión Nacional de Hidrocarburos y una Comisión Reguladora de Energía confiables, son claves para incentivar el desarrollo de estos sectores.
La iniciativa que daría lugar a la sectorización de las Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos habría eliminado la autonomía real de estos órganos, integrándolos en un organigrama donde estarían sujetos a criterios decisiones políticas, y subordinándolos a una cabeza política con jerarquía y poder suficiente para poner en entredicho su carácter de reguladores imparciales. La presión para conseguir la renuncia de los comisionados no elimina formalmente la autonomía de estos órganos, pero sí pretende eliminarla de facto, posiblemente para dar lugar a personajes con disposición para actuar como mejor lo estime el gobierno entrante, y no necesariamente conforme a la lógica e imparcialidad que requieren los mercados energéticos.
Hasta ahora parece que, en la regulación de los mercados energéticos, el gobierno entrante está cocinando la receta perfecta para minar la confianza de estos sectores y ahuyentar o disminuir el ánimo de participar en ellos. Si no hay garantías de un piso parejo, imparcial y objetivo para quienes entran a este sector, es de esperarse que los mercados generados por la reforma energética terminarán siendo un fracaso, o al menos que no desarrollarán el potencial que podrían haber alcanzado. Eso nos acabará por pesar a todos.
Como en otra ocasión lo referí, México cuenta con un potencial enorme para desarrollarse como un gigante energético. Minar la confianza en los mercados energéticos quitándole de facto autonomía a nuestros órganos reguladores al imponer personajes a modo, podría ser el primer paso para dinamitar uno de los sectores más prometedores de la economía mexicana, y de uno de los pilares del desarrollo sustentase del país.
