Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez
Crear ideas. No tenemos donde crear ideas. Los queretanos estamos resolviendo los problemas de la ciudad de manera reactiva. Lo estamos haciendo así desde la época del “error de diciembre”(1994), momento que, según mi punto de vista, establece el antes y el después de nuestra ahora complicada metrópoli, cuando los proyectos de Centro Sur y Centro Norte incubaron en el Fideicomiso QroNos de la administración burguista, y cuando los hermanos Torreslanda comenzaban el exitoso proyecto de Provincia Juriquilla, en el límite norte de la entonces mancha urbana.
Estamos atendiendo la expansión urbana imponiendo una disfunción a otra disfunción; ahora, como no hemos sido capaces de conformar un modelo de gobernabilidad donde prime la coordinación y la inteligencia policial, nuestra Legislatura –sin consultar ni permitir el contraste público de ideas entre la ciudadanía– ha aprobado, imponiendo la mayoría parlamentaria (13 votos azules contra 12 de las minorías), cambios en el Código Urbano que en la práctica terminarán significando la cuasi privatización de la seguridad pública en Querétaro.
De acuerdo con cifras publicadas el 17 de abril en el periódico CodigoQro, en Querétaro hay 4,779 elementos en las instituciones de seguridad pública tanto estatales como municipales. De estos, 2,762 están destinados en los municipios al más elemental de los servicios que presta el estado moderno: la vigilancia, el patrullaje y la inhibición de conductas indeseables en el orden administrativo, o la atención inmediata para repeler o contener la comisión de delitos.
Como no hemos sido capaces de conformar una estrategia integrada y confiable de vigilancia, a pesar de los cientos de millones de pesos que gastamos en armas, tecnología y vehiculos cada año, nuestros Diputados consideraron pertinente otorgarle –a quien tenga con qué pagarla– la posibilidad de poner garitas y controles de acceso a las colonias que “pasen” los criterios que habrán de establecer sendos reglamentos municipales, mismos que desde ahora anticipamos garantizarán una visión segregacionista y clasista de nuestras ciudades, donde el contraste entre los ricos y los pobres se acentúe más cada día.
Según las cifras justifcativas que utilizó el Alcalde Marcos Agular Vega al presentar su Iniciativa al Congreso, en más o menos veinticinco años llegó a 54 el número de colonias que se fueron cerrando ilegalmente en el Municipio de Querétaro. A estas islas urbanas les pusimos el apodo de “cerramientos tolerados” mientras volteabamos para otro lado para no ver lo evidente: el ritmo del crecimiento y la mezcla social de aquella ciudad provinciana nos estaba rebasando. Nos está rebasando.
Y es que cada vez que una ola de robos a casa habitación asola una zona de la ciudad, viene el reclamo de las organziaciones vecinales, y los presidentes municipales, asesorados por sus jefes policiacos, dan su brazo a torcer, permitiendo bardeos y la instalación de casetas “de seguridad” sobre camellones y el propio arroyo de la vialidad. El fatídico ejemplo lo puso entonces la Colonía del Valle, Álamos Primera Sección y Huertas del Carmen, amén de otros cotos más pequeños en Corregidora o San Juan del Río. Desde entonces “cerrar la colonia” es un argumento en reuniones de vecinos cuando se analiza qué hacer ante el último atraco.
La industria inmobiliaria fue sensible al fenómeno. En cuanto la economía nacional volvió a ofrecer crédito a los vivienderos (año 2005 aproximadamente) se llegó al extremo que cualquier nuevo proyecto presentado en las oficinas de Desarrollo Urbano, no siendo estrictamente condominal, ya se aprobaba a sabiendas que tendría barda y estaría controlado el acceso a las vialidades públicas. A la voz de “sin bardas no hay ventas”, la fuerza de ventas de las desarrolladoras consolidó la idea aspiracional de la colonia residencial exclusiva cerrada; concepto que aunque se vale en lo mercantil, ha abonado la semilla del padecimiento urbano del nuevo Querétaro: la intolerancia.
Todos hemos puesto un granito de arena para llevar esta disfunción al extremo. Mientras que proyectos como el Instituto Metropolitano de Planeación, o los varios embates para conformar uno a nivel estatal han sido boicoteados, resulta que ahora regularizar el control de acceso en fraccionamientos, y la instalación de casetas de seguridad, se convirtió en un triunfo político de la autoridad en beneficio de la ciudadanía, con el surreal argumento de que “nos escuchan”, aunque en la realidad esta medida tienda a quitarle al Estado una de sus responsabilidades elementales. No nos extrañe, en breve, que los políticos comiencen a alegar a quien reclame servicios y seguridad pública dentro de esas comunidades que se hayan acogido al cerramiento, que “controlar tu pedacito de ciudad tiene sus consencuencias…”. A saber, es muy posible que con la oportunidad de poner controles de acceso también se hayan trasladado otras responsabilidades a los peticionarios…
Insistir en la creación de un Instituto de Planeación Urbana, de secretariados técnicos ciudadanos, no es una necedad, es una necesidad. Necesitamos un lugar donde discutir, un esquema eficiente de planeación que inhiba que la solución de una disfunción sea otra disfunción. Un lugar donde se haga público el debate y no solo gubernamental.
Y es que existen estrategias para no enjaularnos, modelos que van desde la consolidación de una cultura de la autoseguridad hasta los centros de inteligencia policial “C-5’s” y demás abreviaturas. Antes de dejar en manos de las empresas de seguridad privada la sociabilidad, debimos haber intentado con mayor esmero construir un modelo de seguridad pública eficaz; extendido en todo el territorio municipal. Quizá cuatro presidentes municipales buscando ser gobernadores, tres sin concluir su periodo, no le hicieron bien a la organziación policiaca; quizá fueron muchas interrupciones, muchos “volveremos a empezar”.
Si quienes dirigen escuchan bien, debieron escuchar “protégenos”, “bríndanos seguridad”, “dame certeza que mis bienes están seguros a mi alrededor”, y no dame el control de acceso a mi isla y permíteme auscultar a cualquiera que pretenda pasar frente a mi casa. Por todo esto puedo concluir con una pregunta: ¿Nos escuchan?… Yo no creo. En esta ocasión, como en muchas otras, ha campeado el cálculo político que aprovechando la ignorancia del fondo del problema, provocó que le dijeran a la gente, tú me lo pides, yo te lo doy (aunque no te convenga).
